¿Quiénes son los sujetos obligados no financieros (SONF) en Panamá?

Con el propósito de garantizar un clima empresarial sano y cristalino, Panamá puso en vigencia una ley que establece medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción  masiva.

La Ley 23 (vigente desde el 27 de abril de 2015) crea una Unidad de Análisis Financiero (UAF), a la que deben rendir informes las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, zonas francas y comercio exterior, casinos y juegos de azar, actividades profesionales y otros, como las casas de empeño, y los transportes de valores.

Obligaciones principales

Estas empresas y profesionales, definidos por la Ley como  “Sujetos Obligados No Financieros”, deben cumplir una serie de obligaciones, como:

• Identificar adecuadamente a sus clientes, mediante recomendaciones, las certificaciones que evidencien la incorporación y vigencia de las sociedades y la identificación de dignatarios, directores, apoderados y representantes legales de dichas sociedades, de manera que puedan documentar y establecer adecuadamente el verdadero dueño o beneficiario, directo o indirecto.
• Rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero y/o requerir de sus clientes, apoderados o representantes, las declaraciones que fueren necesarias para los fines de la Ley y de la reglamentación dispuesta para su aplicación:
  • Depósitos o retiros de dinero en efectivo por un monto superior a diez mil balboas (B/.10,000.00) o transacciones sucesivas en fechas cercanas que, aunque inferiores a diez mil balboas (B/.10,000.00), individualmente consideradas sumen en total más de diez mil balboas (B/.10,000.00).
  • Cambio de billetes, billetes de lotería, cheques, cheques de gerencia, cheques de viajeros u órdenes de pago o giros de denominaciones bajas por otros de denominaciones altas, o viceversa, por un monto superior a diez mil balboas (B/.10,000.00).
  • Cambio de cheques (de gerencia, de viajeros u otros) y órdenes de pago, librados al portador, con endoso en blanco y expedidos en una misma fecha o fechas cercanas y/o por un mismo librador o por libradores de la misma plaza, por un monto superior a diez mil balboas (B/.10,000.00).

• Examinar con especial atención, cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas descritas en la ley.
• Suministrar a sus respectivos organismos de supervisión las declaraciones relativas a las transacciones realizadas, así como cualquier información adicional relacionada con tales transacciones para su adecuado análisis.
• Comunicar directamente, y por iniciativa propia, a la UAF, cualquier hecho, transacción u operación sobre el cual se tenga sospecha de que esté relacionado con el delito de blanqueo de capitales.
• Establecer procedimientos y mecanismos de control interno y de comunicación conducentes a prevenir la realización de operaciones vinculadas con el delito de blanqueo de capitales.
• Adoptar las medidas oportunas para que los empleados de la entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley. Las medidas incluirán la elaboración de planes de formación y cursos para empleados, que los capaciten para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales y para conocer la manera de proceder en tales casos.
• Conservar, por un periodo de cinco años, los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de los sujetos que las hubieran ejecutado o que hubieran establecido relaciones de negocios, cuando la obtención de dicha identificación hubiera sido obligatoria.

De carácter confidencial

La Ley incluye, como obligación, la necesidad de que los sujetos obligados actúen bajo estrictos términos de confidencialidad, con el fin de que no interfieran en la investigación que se origine en una denuncia, sin sentirse comprometidos ante sus clientes. En ese sentido, especifica que debe:

“Abstenerse de revelar, al cliente y a terceros, que se ha transmitido informaci6n a la Unidad de Análisis Financiero, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, o que se está examinando alguna transacción u operación, por sospecha de que pueda estar vinculada al delito de blanqueo de capitales”.

En este sentido, la Ley también privilegia a los abogados y contadores públicos autorizados, en aras del secreto profesional. Dice, específicamente, que:

“Los abogados y los contadores públicos autorizados que, en el ejercicio de su actividad profesional se clasifiquen como actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información pertinente se obtuvo en circunstancias en las que éstos están sujetos al secreto profesional o privilegio profesional especial en la defensa de su cliente o la confesión que su cliente realice para su debida defensa”.

¿Quiénes están obligados?

Conforme establecen la Ley 23 y los reglamentos, los sujetos obligados no financieros supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas son:

• Las empresas de la Zona Libre de Colón y las empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, la Bolsa de Diamante de Panamá y Zonas Francas.
• Los casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de internet.
• Las empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
• Las empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
• Las empresas de transporte de valores.
• Las casas de empeño.
• Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro.
• La Lotería Nacional de Beneficencia.
• Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.
• Las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
• Aquellas actividades realizadas por profesionales según lo describe el artículo 24 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

La Ley concibe la inclusión de otras entidades y actividades que, por su naturaleza, realicen operaciones que puedan ser utilizadas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

También prevé la incorporación de aquellas entidades y actividades que surjan del plan nacional de evaluación de riesgos para la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.